La concejala socialista María José Martínez ha denunciado lo que considera una amenaza a la participación ciudadana en Elche por parte del gobierno municipal de PP y VOX. Según ha afirmado, el equipo de gobierno ha decidido eliminar del presupuesto municipal la partida destinada a la convocatoria de subvenciones para asociaciones vecinales, una medida que, a su juicio, supone una limitación de la autonomía de estos colectivos y un obstáculo para la realización de actividades de interés para la ciudadanía.
Martínez ha asegurado que la supresión de estos fondos, que ascendían a 15.500 euros, implica que los recursos destinados a las asociaciones vecinales queden en manos de los distritos municipales, cuyo funcionamiento está bajo el control de concejales de PP y VOX. Según la edil socialista, la nueva gestión convierte el reparto de ayudas en un proceso dependiente de la voluntad de los presidentes de distrito, a quienes ha calificado como “militantes y simpatizantes” de estos partidos.
La concejala ha explicado que, hasta ahora, las asociaciones vecinales podían acceder a estas subvenciones mediante una convocatoria pública en la que los proyectos presentados eran evaluados según criterios técnicos, lo que garantizaba un reparto objetivo y equitativo. Sin embargo, según ha criticado, la nueva dinámica impuesta por el gobierno local obliga a los colectivos vecinales a depender directamente de la decisión de los responsables de distrito si necesitan apoyo municipal para sus actividades. En opinión de Martínez, este modelo de gestión responde a lo que ha denominado “participación dirigida”, ya que, a su juicio, somete las ayudas al criterio de representantes políticos en lugar de a valoraciones técnicas.
Desde el PSOE han expresado su preocupación ante lo que consideran un “continuo recorte en participación ciudadana y vecinal”. Martínez ha insistido en que esta decisión no solo limita la capacidad de actuación de las asociaciones, sino que también, según ha señalado, perjudica el tejido social de la ciudad al dificultar la labor de colectivos que históricamente han trabajado en la defensa de los derechos de los vecinos.
La edil socialista ha acusado al gobierno municipal de actuar con intereses partidistas en la gestión de estos recursos y ha afirmado que este tipo de medidas solo benefician al alcalde, Pablo Ruz, y a la concejala de Participación, Inmaculada Serna. Según ha expresado, la estrategia del equipo de gobierno persigue “acabar lentamente con el movimiento vecinal y asociativo”, al que ha definido como “motor de cambio y ejemplo de lucha en la reivindicación de derechos”.
Por ello, Martínez ha reclamado que se restablezca el sistema de convocatoria pública de subvenciones para garantizar la transparencia en el reparto de fondos y asegurar que las asociaciones vecinales puedan desarrollar su labor con independencia de cualquier influencia política. Asimismo, ha instado al gobierno municipal a reconsiderar su postura y a reforzar los mecanismos de participación ciudadana en lugar de reducirlos.






Daniel Ruiz Perona




















