El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el equipo de gobierno de Elche, formado por PP y Vox, “va a cargarse 1,7 millones de euros de servicios sociales, educación, deportes, sanidad y del Palmeral” para trasladar ese dinero al capítulo de nóminas con el objetivo de paliar el déficit económico del Ayuntamiento. Según ellos, esta decisión refleja la “mala planificación y la nefasta gestión de los recursos públicos” por parte del alcalde, Pablo Ruz.

La edil Patricia Maciá ha explicado que, según el PSOE, el alcalde “ha quitado dinero del servicio de ayuda a la dependencia, de los programas para personas mayores en situación de soledad no deseada, de las asociaciones de mujeres, de la atención integral a las familias, del mantenimiento de colegios, de la sanidad, del deporte adaptado y de la protección del Palmeral”. La concejala ha añadido que estas modificaciones presupuestarias, por un valor total de 3,4 millones de euros, se aprobaron en la última junta de gobierno “sin transparencia ni explicación pública” y que la portavoz del gobierno municipal “no informó en absoluto sobre cómo se están utilizando los fondos de todos los ilicitanos”.

El PSOE ha señalado que las tres modificaciones presupuestarias que irán al pleno del 27 de octubre responden a la necesidad del equipo de gobierno de “inyectar más de 1,6 millones de euros” de diferentes partidas a la de nóminas, con el fin de cubrir los gastos de personal. Según los socialistas, estas medidas suponen “recortes directos en servicios fundamentales para la ciudadanía”, mientras que el gobierno municipal “mantiene intactos los presupuestos destinados a áreas como Fiestas o la celebración del Año Jubilar”.

Maciá ha advertido que, según ellos, esta “nefasta gestión económica” no solo afecta a los vecinos y vecinas de Elche, sino también a los trabajadores municipales. En este sentido, ha asegurado que PP y Vox han decidido aplazar el pago del segundo tramo de la productividad, valorado en unos 800.000 euros, y ha acusado al equipo de gobierno de “usar el ciberataque sufrido en agosto como excusa” cuando “ya en julio se sabía que no se iba a abonar hasta el próximo año”.

La concejala ha concluido que tanto los ciudadanos como los empleados públicos “están sufriendo las consecuencias de la mala gestión del alcalde Pablo Ruz y sus socios de Vox”, y ha reclamado que el gobierno municipal “actúe con responsabilidad y priorice el bienestar de la ciudadanía antes que el gasto político y los intereses partidistas”.