La reciente reunión entre representantes de la nueva Asociación de Afectados de la Peña y Llano de San José y el alcalde de Elche, Pablo Ruz, marca un nuevo capítulo en la lucha vecinal por la mejora de las condiciones de vida en estas pedanías de la ciudad ilicitana. José Manuel Mestre, presidente de la Asociación de Afectados, nos cuenta sobre las principales reivindicaciones que se pusieron sobre la mesa y el grado de respuesta institucional que han obtenido.

“Esta reunión de la Asociación de Afectados, de la Peña y Llano de San José, responde a una solicitud del Ayuntamiento para escuchar nuestras demandas y reivindicaciones a raíz del trabajo que se está haciendo previo, como una reunión de los vecinos en el restaurante Palazon constituyendo la nueva Asociación de Afectados de la Peña y Llano San José.”, comenta José Manuel Mestre.

Esta asociación, aunque de reciente creación, comparte la mayoría de las reivindicaciones con la ya veterana Asociación de Vecinos de la Peña de Las Águilas, que también fue convocada a una reunión con el alcalde una hora antes, “esta asociación lleva años trabajando en estas reivindicaciones y otras de interés de las Partidas, lo que nos alegra mucho, pues constituye un gesto de tener en cuenta a todos los vecinos residentes de estas Pedanías, y que la focalización de esta nueva Asociación de Afectados está consiguiendo dar más  visibilidad a muchas de estas históricas reivindicaciones”, afirma José Manuel Mestre .

La respuesta del Ayuntamiento a ambas asociaciones se percibe como un paso positivo, ya que implica que las reivindicaciones de los vecinos están empezando a recibir mayor atención institucional y mediática, “nos comenta Pablo Ruz, que es bueno y saludable que reivindiquen para tener una sociedad activa y participativa”.

Limpieza y asfaltado de caminos

Una de las  demandas fue la mejora del Parque de San Jaime, donde el Ayuntamiento se compromete en la reparación del sistema de riego automático, que llevaba una década averiado, además, el Ayuntamiento ya había iniciado tareas de desbroce antes de la reunión, lo que demuestra, al menos, una reacción inicial a la presión vecinal.

También se trató el mantenimiento de caminos urbanos y rurales por falta de desbroce y limpieza, así como la falta de coherencia en las actuaciones de asfaltado. Se denunció, por ejemplo, que en algunos casos se ha reasfaltado innecesariamente zonas que ya contaban con pavimento, que sólo necesitaban reparar socavones, mientras otras siguen sin asfaltar. Uno de los ejemplos señalados fue el camino de la Emisora, con una petición registrada en 2021, donde los retranqueos exigidos por licencias de obras dependen del ayuntamiento y están llenos de broza y sin asfaltar y que aún no ha sido incluida en los planes de mejora.

En el caso de la Peña y Llano San José, se han reasfaltado dos caminos ya asfaltados. “Entendemos que con reparar socavones hubiera sido suficiente, puesto que se están  empleando recursos en reasfaltar caminos, y se han dejado otros completamente sin asfaltar. Por otra parte, en los asfaltados habrá que abrirlos para colocar la red de alcantarillado y entonces podrían haberse asfaltado en esa futura obra.

Por tanto debe imponerse el sentido común, priorizando donde no se tiene asfalto , y  optimizar recursos, y esto es una labor del Ayuntamiento”, comenta José Manuel Mestre. 

Iluminación insuficiente en zonas urbanas

Otro asunto crítico es la iluminación. El Ayuntamiento se compromete a instalar farolas solares en puntos estratégicos, como cruces y paradas de autobús. Aunque aportó una sentencia judicial que supuestamente lo exime de responsabilidad sobre el alumbrado público en estas áreas.

Sin embargo, los vecinos no consideran aceptable esta justificación. «Cómo contribuyentes que pagamos IBI urbano, tenemos derecho a servicios básicos como el alumbrado por razones de seguridad, habitabilidad y justicia tributaria», señala José Manuel Mestre, quien además añade que “nos mencionó como labor que el Ayuntamiento está haciendo el desbroce del barranco de los arcos. Tengo que decir que este cometido corresponde en las zonas interurbanas a las confederaciones o propietarios de las tierras y en las urbanas a los ayuntamientos, luego no es un gasto atribuible a ninguna pedanía”. Critican que se invierta en mejoras estéticas del alumbrado en el centro de la ciudad, como en la Plaza de Baix, mientras las pedanías continúan a oscuras.

Un IBI desproporcionado

Uno de los puntos más delicados fue el debate sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Desde 1998, las viviendas de la Peña y Llano San José fueron reclasificadas como suelo urbano, lo que disparó el impuesto hasta diez veces más. No obstante, según denuncian los vecinos, no disfrutan de los servicios mínimos que justifican esa calificación.

La asociación ha solicitado que se estudie una bonificación o revisión del IBI aplicable, en base a jurisprudencia existente en otras comunidades autónomas donde Tribunales Superiores de Justicia de diferentes Comunidades Autónomas han fallado a favor de reducir el IBI en zonas urbanas sin servicios. “El alcalde dijo que es un impuesto de la hacienda pública y no puede disminuirse”, sin mostrar mucho interés según Mestre, manifestó desconocer dicha normativa, pero pidió que se le hiciera llegar la documentación correspondiente. Para avanzar en este punto, al final si los servicios mínimos no son prestados, cabría la posibilidad de asesoramiento jurídico. 

Red de agua potable

Otra de las cuestiones de la reunión fue el acceso desigual a agua potable en la zona. Actualmente, muchas viviendas de Peña de Las Águilas y Llano de San José cuentan únicamente con agua procedente de la red de Quibas, considerada apta solo para riego debido a sus altos niveles de cal y sólidos disueltos (TDS). A pesar de ello, los vecinos han tenido que pagar en muchos casos el enganche tanto a la red de Quibas como a la red potable de Elche, duplicando los costes.

Según explicó el alcalde, el consistorio tiene la intención de aprovechar la infraestructura ya existente, como el depósito situado junto a la autovía, para introducir agua potable en la red gestionada por Aguas de Quibas. No obstante, reconoció que esta es una tarea pendiente desde hace muchos años y que no puede resolverse completamente en los dos años que llevan de legislatura. Desde la asociación reconocen que asumir el control de esta red de aguas por parte del Ayuntamiento supondría un alivio económico para quienes solo disponen de agua no potable y se ven obligados a invertir entre 3.000 y 5.000 euros en acometidas privadas para acceder a agua potable.

Transporte público, seguridad vial y seguridad ciudadana

Otra de las reclamaciones fue la ampliación del servicio de autobús hasta la zona del Llano de San José, más allá del cruce con la conocida Casita de Reposo que zona calificada como urbana. El alcalde reconoció la petición y aseguró que se estudiará su viabilidad, aunque advirtió que podría alargar el recorrido de la línea actual. Los vecinos propusieron una solución sencilla: suprimir una de las tres paradas existentes en Don Balbino para compensar el tiempo. Además, se pidió que las futuras paradas se ubiquen en zonas con aceras amplias, mejorando así la accesibilidad para personas mayores, carritos de bebé o de la compra. 

Con respecto a la seguridad vial, los vecinos reclamaron una actuación urgente en el cruce próximo a la farmacia, un punto negro donde se han producido múltiples accidentes. La propuesta es clara: instalar una rotonda, semáforos o al menos, de forma inmediata, reforzar la señalización vertical y horizontal. El alcalde tomó nota de la demanda y admitió que, si bien de momento no hay consignación presupuestaria para una rotonda, sí es factible implementar mejoras en la señalización para aumentar la seguridad. También se solicitaron pasos de peatones en puntos concretos donde actualmente no existen, como en un tramo del parque de Don Balbino. El compromiso fue estudiar estas localizaciones para actuar donde sea necesario.

Otra petición importante fue la creciente preocupación por la seguridad ciudadana. La Asociación instó al Ayuntamiento a reforzar la presencia de la Policía Local en las pedanías, especialmente en horario nocturno, con el objetivo de disuadir robos y hurtos, cada vez más frecuentes según los testimonios vecinales. La respuesta institucional fue que ya se han dado instrucciones para reforzar la vigilancia. Sin embargo, desde la Asociación consideran que estas medidas son insuficientes y exigen una mayor presencia continuada de patrullas para garantizar la tranquilidad de los residentes.

Alcantarillado: una espera que dura más de una década

La ampliación de la red de alcantarillado en la zona sigue paralizada, a pesar de que la necesidad es evidente y arrastra años de abandono institucional. El Ayuntamiento ha dejado claro que no emprenderá ninguna actuación en este sentido hasta que la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) defina y licite su proyecto del colector principal, pieza clave para conectar toda la red según refieren, aunque nuestras averiguaciones y asesoramientos indican que podría  empezarse los tres ramales del alcantarillado que faltan y dejar pendiente el entronque con el colector principal. 

El alcalde argumentó que no tiene sentido avanzar sin conocer con precisión el trazado y los tiempos de la obra estatal, cuya competencia cambió en su día de la Confederación del Júcar a la del Segura, provocando una serie de retrasos que ya superan los quince años. Según explicó, la negligencia técnica de la CHS en la elaboración del proyecto ha sido uno de los factores añadidos de esta demora.

Además, desde el Ayuntamiento aseguran desconocer el destino de los 11 millones de euros consignados por el Estado en anteriores legislaturas para esta infraestructura, y afirman haber enviado tres cartas a la CHS pidiendo explicaciones, la última de ellas con fecha del 26 de mayo, apenas un día después de la reunión de vecinos y constituir la Asociación de Afectados.

En la primera, el 8-2-2024 se dice que en 2010 el estado consigno presupuesto para el colector principal y se terminaron 4 colectores secundarios realizando el alcantarillado de forma parcial, pero no se puede hacer uso de este sin el colector primario, que piden los vecinos con insistencia.

En la segunda carta del 15-5-2025, tres meses después, se insiste en que han pasado tres meses sin respuesta y es algo primordial por necesidad de servicio que los vecinos se sienten frustrados y por ecología para dejar de vertir al subsuelo estando un parque natural como el hondo cerca, y estando consignado el dinero por presupuestos del estado en 2010.

En la tercera de 26 de mayo de 2025, habiendo pasado un año desde la segunda y con una asociación de vecinos afectados recién constituida y molestos y que se sienten olvidados por esta demora prolongada, el Alcalde vuelve a insistir que después de la reunión que se le concedió el 19 de junio de 2024, estamos ante una parálisis de las obras del colector primario y sin un pronostico claro y firme de cuando van a comenzar .

Por tanto solicita nueva reunión para establecer aclaraciones y un compromiso con fechas de actuación en el horizonte del desempeño del colector primario para llevar a la depuradora el alcantarillado actual y empezar con el que falta.

Desde la Asociación vecinal se valora positivamente que el alcalde haya comenzado a mover este asunto, pero se lamenta que entre carta y carta transcurra tanto tiempo. Ante esta situación, los vecinos han ofrecido al consistorio su colaboración para presionar conjuntamente a la CHS.

Sobre la capacidad de la depuradora de Algorós para asumir estos vertidos, el alcalde aseguró que existe una partida económica ya aprobada por el Consell para su ampliación, aunque no ofreció fechas concretas.

Por otra parte, se solicitó que no se exija la instalación de fosas sépticas ecológicas a quienes deseen construir o abrir un negocio en zonas que ya están calificadas como urbanas pero aún carecen de alcantarillado. El alcalde dejó la puerta entreabierta: sólo estudiará esta posibilidad si existe un calendario claro de obras por parte de la CHS.

Malestar por el IBI urbano

Uno de los momentos más intensos de la reunión llegó con la queja vecinal por la desproporción entre los impuestos que pagan, especialmente el IBI urbano, y los escasos servicios que reciben. Los residentes denuncian que muchos de ellos fueron recalificados como suelo urbano sin haberlo solicitado, como parte de una reordenación municipal, lo que implicó un aumento considerable en sus contribuciones.

Algunos vecinos relatan que a apenas cien metros de sus casas hay viviendas aún calificadas como suelo rústico que pagan mucho menos en impuestos, pero reciben los mismos servicios. Esta situación ha sido objeto de múltiples sentencias judiciales en otras ciudades de España, donde se ha obligado a reducir proporcionalmente el IBI hasta que se presten los servicios correspondientes a la categoría urbana.

Reunión pendiente… con esperanzas y cautela

Ante el clima de insistencia, el alcalde se comprometió a mantener una nueva reunión conjunta con las asociaciones vecinales y todos los vecinos de las partidas Peña y Llano San José afectadas, donde se abordarán estos temas en profundidad y se responderán las preguntas de los vecinos y un contacto más cercano con todos los vecinos de las dos asociaciones y residentes.  Desde la Asociación se valora esta predisposición al diálogo, pero esperan que se tomen medidas inmediatas por parte del Ayuntamiento de Elche para empezar a solucionar estas peticiones.

La sensación general en Peña de Las Águilas y Llano de San José es de abandono. “El problema no es solo técnico o presupuestario, es ético”, concluyen desde la Asociación. “Lo que pedimos es simple: que se actúe con justicia. Si nos califican como suelo urbano, que nos traten como tal. Y si no pueden, que ajusten la fiscalidad en consecuencia. Porque lo que no se puede hacer es cobrar como urbano y no aportar servicios que le corresponden y dejar en el olvido servicios adquiridos por derecho al calificarlos como urbanos sus terrenos y viviendas.  

Pese a las promesas y los gestos, los vecinos no perciben una voluntad firme de resolver los problemas estructurales que afectan a sus partidas, pero ponen en valor la predisposición  del alcalde para negociar futuras mejoras que corresponden en justicia por contraprestación de sus contribuciones e impuestos, en estas pedanías ilicitanas. “Lo que el alcalde calificó como una actitud similar al independentismo catalán no es correcta en absoluto, ni tampoco una falta de solidaridad, sino una demanda de proporcionalidad justa. Una calificación urbana debe ir acompañada, por derecho, de unos servicios mínimos de naturaleza urbana”, concluye José Manuel Mestre.