Hasta 14 poblaciones de peces y anfibios protegidos han sido introducidas de forma clandestina en ecosistemas del sureste ibérico —concretamente en las provincias de Alicante, Murcia y Almería— fuera de su área natural de distribución y sin evaluación previa de riesgos. Así lo revelan dos estudios científicos elaborados por un equipo de investigadores de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Universidad de Murcia (UMU), que advierten de las graves consecuencias ecológicas y legales de estas prácticas.

Estas introducciones no autorizadas, aunque afectan a especies legalmente protegidas, suponen un dilema para los gestores del medio natural. “Eliminar estas poblaciones puede contradecir la legislación ambiental vigente, pero mantenerlas puede alterar los ecosistemas, desplazar especies autóctonas e incluso provocar conflictos de conservación”, explican los investigadores.

Un ejemplo paradigmático es la población de tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), especie endémica de la península ibérica, que ha sido detectada en el municipio alicantino de Crevillent, un territorio donde nunca había estado presente de forma natural. Según el estudio, solo una de las 14 poblaciones introducidas —la del gallipato (Pleurodeles waltl) en el Parque Regional de Sierra Espuña (Murcia)— corresponde a una reintroducción en un área donde históricamente había habitado.

El investigador de la UMH José Manuel Zamora Marín, líder del estudio, destaca que estas acciones ilegales contrastan con los protocolos de conservación oficiales, que requieren rigurosas evaluaciones de impacto. “Las translocaciones autorizadas deben justificar beneficios ecológicos y asegurar la viabilidad del proyecto. Sin embargo, la lentitud institucional ante estos procesos podría estar favoreciendo el fenómeno de la renaturalización encubierta o covert rewilding, donde particulares liberan fauna protegida por su cuenta”, señala Zamora.

Ante este nuevo reto para la conservación de la biodiversidad, los investigadores proponen un marco flexible de toma de decisiones que permita valorar caso por caso si es más adecuado erradicar, conservar o monitorizar estas poblaciones introducidas. “Nuestros resultados muestran que es urgente establecer directrices claras y adoptar el principio de precaución. Prevenir este tipo de introducciones es siempre más eficaz y menos costoso que enfrentarse a sus consecuencias”, concluye Zamora.

Los estudios han sido publicados en las revistas científicas Biological Conservation y Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, y han contado con financiación de la Generalitat Valenciana, el Fondo Social Europeo Plus, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Unión Europea a través del programa NextGeneration EU. También han recibido apoyo del programa Ramón y Cajal para contratos postdoctorales.