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Clínicas Jurídicas universitarias crean una Guía Jurídica para afectados por la DANA

Un total de 22 Clínicas Jurídicas de universidades españolas han colaborado en la elaboración de una Guía Jurídica destinada a orientar a las personas afectadas por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos)
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Daniel Ruiz Perona
21 de diciembre de 2024 - 01:22

Esta iniciativa, que busca facilitar los trámites legales a los damnificados, ha contado con la participación de más de 200 estudiantes de Derecho y 40 profesionales, mayoritariamente profesores universitarios, distribuidos por distintos puntos del país.

La Guía Jurídica surge como respuesta a la complejidad de los procedimientos legales que deben enfrentar las personas afectadas por la DANA, a pesar de las ayudas y subvenciones ya aprobadas por el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana. Este documento pretende hacer más comprensibles y accesibles los trámites jurídicos que conlleva la recuperación tras una catástrofe natural de estas características.

En la iniciativa han participado Clínicas Jurídicas de universidades como A Coruña, Alcalá, Antonio de Nebrija, Autónoma de Madrid, Camilo José Cela, Carlos III, Castilla-La Mancha, Centro de Estudios Garrigues, Europea de Madrid, Pontificia Comillas-ICADE, Islas Baleares, Internacional de Valencia, Jaume I de Castelló, La Rioja, Murcia, Oviedo, País Vasco, Pro Bono CEU, Rey Juan Carlos, Salamanca y Valladolid.

La coordinación de los trabajos ha sido liderada desde la Cátedra Clínica Jurídica de la Universidad Miguel Hernández (UMH), encargada de supervisar y estructurar los aportes realizados por las 22 Clínicas Jurídicas. La Guía incluye una introducción, una presentación y 22 apartados que responden a preguntas jurídicas sobre temas variados relacionados con la DANA. La Clínica Jurídica de la UMH ha trabajado especialmente en cuestiones como el permiso climático aprobado por el Gobierno y el derecho al acompañamiento de familiares de víctimas.

Las Clínicas Jurídicas son espacios universitarios que promueven la función social de los estudios jurídicos, involucrando a estudiantes y docentes en proyectos que buscan dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Este proyecto es un ejemplo del compromiso de las universidades con la atención a los sectores más afectados de la sociedad.

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