El portavoz adjunto del Grupo Socialista en Elche, Mariano Valera, ha denunciado este martes que el gobierno municipal, formado por PP y Vox, ha acordado devolver a la Generalitat 1.109.230 euros vinculados a Servicios Sociales por falta de ejecución. Según Valera, esta decisión “evidencia la mala gestión, falta de planificación y ausencia de prioridad social”, y afecta directamente a recursos destinados a la atención social básica y al Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) para personas dependientes.

El edil ha señalado que estas devoluciones están reflejadas en resoluciones municipales basadas en documentación oficial del Ayuntamiento y ha afirmado que constituyen una situación “negligente, irresponsable y con consecuencias humanas”. Valera ha pedido explicaciones al alcalde, Pablo Ruz, y a la concejala responsable del área, Celia Lastra, así como un informe detallado sobre los motivos de la falta de ejecución y un plan de choque para garantizar el futuro del SAD. “Es inadmisible que se tarden cuatro años en asignarle una plaza a una persona en un centro ocupacional”, ha añadido.

Según el portavoz adjunto, la primera resolución contempla la devolución de 109.230 euros debido a “deficiencias en la gestión” de fondos destinados a empleados estructurales y servicios esenciales. La segunda resolución, más relevante, implica la devolución de un millón de euros correspondientes al SAD de dependencia del ejercicio 2024, atribuida a la falta de formalización del contrato del servicio, que se encontraba en proceso de licitación. Valera ha subrayado que “esta devolución de fondos supone menos horas de atención y ayuda a los dependientes y sus allegados”.

Durante el pleno municipal, Valera también criticó la actitud de la concejala Celia Lastra frente a las solicitudes de debate sobre infraestructuras sociales vinculadas al Plan Convivint, destinadas a mayores, diversidad funcional, menores y salud mental. Según el edil, las demoras en la atención de dependientes superan en algunos casos el año de espera, incumpliendo los plazos legales establecidos por la legislación autonómica, que marca un máximo de seis meses para estas respuestas.

Finalmente, Valera reclamó al gobierno local que “rectifique” y gestione los recursos sociales con prioridad, advirtiendo que, si no pueden asumir la responsabilidad, deberían “dar un paso al lado para que gestionen los más competentes y esto no vuelva a suceder”. El concejal ha insistido en que la devolución de fondos y la falta de ejecución presupuestaria no solo afecta a la atención directa de los ciudadanos más vulnerables, sino que también refleja, a su juicio, “una falta de compromiso con los derechos sociales de Elche”.