AYUNTAMIENTO

El PSOE avisa de que mantener la cruz de los caídos puede acarrear una sanción de 170.000 euros

Los socialistas valencianos han elevado una Proposición No de Ley a les Corts Valencianes para que Mazón ordene a Pablo Ruz que cumpla las resoluciones del Defensor del Pueblo y de la Comisión Europea, por atentar con la Ley de la Memoria Histórica
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Jerónimo Tormo
16 de febrero de 2024 - 14:19

La polémica que gira en torno a la cruz de los caídos del Paseo de Germanías tiene todavía muchos capítulos por escribir. El último lo han protagonizado los socialistas valencianos tras haber presentado una Proposición No de Ley a les Corts Valencianes, a través de la diputada autonómica Mercedes Caballero, en la que insta al Consell a que exija al Ayuntamiento de Elche la ejecución del contrato de reforma del Paseo de Germanías del anterior equipo de gobierno socialista retirando el monumento franquista en honor a los caídos del bando nacional. “Elevamos a Mazón, como responsable de Memoria Democrática del Consell, que haga cumplir la ley al alcalde de Elche, que cumpla lo que el Defensor del Pueblo ha recomendado en hasta dos resoluciones y que no es otra cosa que se lleva a cabo el proyecto de reforma aprobado por el anterior equipo de gobierno, retirando de la plaza la cruz franquista”, ha destacado Caballero.

La diputada autonómica, acompañada por los diputados Ramón Abad y Maite García y el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez, ha indicado que la insistencia del alcalde popular Pablo Ruz de mantener el monumento y decir públicamente que no lo va a retirar “es ir en contra del cumplimiento de la ley que como alcalde tiene la responsabilidad de cumplir. Por mucho que quiera resignificar el monumento con una imagen que no es acorde al sentir popular y con una idea de concordia que solo existe en su imaginario personal, le pedimos a Mazón que no se puede dejar de cumplir la ley, le guste o no”. Caballero ha explicado que “el incumplimiento de la legislación autonómica y nacional conlleva sanciones económicas de hasta 170.000 euros” Una cantidad que se sumaría a la posible pérdida de los fondos europeos concedidos por el proyecto, que ascienden a unos 85.000 euros, algo que supone, para Caballero, “una verdadera irresponsabilidad del alcalde por mantener un monumento que no corresponde a la democracia ni a los derechos humanos”. Les Corts Valencianes deberán resolver en el plazo de tres meses, desde su aprobación, la Proposición No de Ley.

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