Mariano Valera, portavoz adjunto del PSOE en Elche, ha exigido a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, que ponga en marcha el servicio de Tutelas Provincial en el antiguo edificio de la Seguridad Social de la calle Carmen, tras su adquisición, por medio millón de euros, hace más de un año por parte de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusiva. El edil ilicitano ha catalogado la situación de “incertidumbre” porque “nada se sabe de esta oficina, ni del comienzo de las obras de adaptación de la misma, ya que en los presupuestos del 2024 nada se contempla. Hemos preguntado y nadie nos ha sabido contestar en qué situación se encuentra este edificio”.
El objetivo del edificio era ubicar el servicio de Tutelas Provincial, que es el servicio de atención a personas con medidas judiciales de apoyo, SAPEMA. La nueva oficina iba a contar con más de treinta puestos de trabajo e iba a poner a Elche en el centro de esa atención provincial “siendo el primer centro en propiedad del IVASS para servicios administrativos y respondiendo a ese objetivo de descentralizar los servicios de atención al público, con la intención de hacer la Administración más próxima y accesible a las personas usuarias, con la mirada centrada en la prestación de la mejor atención posible con la calidad adecuada”, según Valera.
El portavoz adjunto ha solicitado al alcalde de Elche, Pablo Ruz “que no renuncie a este servicio de referencia provincial en Elche” y “que no se pliegue ante su jefe en el Consell, y que luche y trabaje por la ciudad, si como dice tanto querer a Elche que lo demuestre con las reivindicaciones de proyectos que ya se tenían en marcha y que a día de hoy en materia de dependencia estamos observando cómo se están dando pasos atrás de lo conseguido hasta ahora”.
Once trabajadores
La unidad cuenta con un servicio de atención personal y social, jurídico y económico para personas tuteladas, estableciendo un nuevo modelo de atención centrado en la persona, conforme a los principios que rigen en la Convención de la Organización de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad. Durante el último año, once trabajadores y trabajadoras de este servicio “comenzaron a prestar servicio en unas instalaciones de Plaza Crevillente cedidas por el Ayuntamiento mientras se realizaban las obras de adecuación y apertura de este edificio con las limitaciones que este edificio contemplaba ya en su momento. Pero están en precario”, ha advertido Valera.