La Guardia Civil ha intervenido un total de 59 kilos de productos pesqueros almacenados de forma irregular en un restaurante del Bajo Vinalopó. Durante una inspección, los agentes detectaron que los alimentos carecían de la documentación obligatoria que acreditara su legal procedencia, métodos de captura y controles sanitarios, poniendo en riesgo la salud de los consumidores.

La operación se inició el pasado 22 de noviembre, tras una alerta recibida gracias a la colaboración ciudadana. La Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Elche se desplazó al establecimiento para llevar a cabo una inspección exhaustiva, detectando numerosas irregularidades en los arcones congeladores y frigoríficos industriales del local.

Entre los productos inmovilizados se encontraron 33,9 kilos de pulpo, 11,43 kilos de sepia, 3 kilos de calamar, 1,78 kilos de atún, además de gambas y otras especies marinas. Algunas de estas podrían no alcanzar la talla mínima permitida para su captura y comercialización, lo que supondría una infracción adicional a la normativa de pesca.

Riesgos para la salud y el medio ambiente

La Dirección Territorial de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca de la Generalitat Valenciana se ha hecho cargo de los productos intervenidos para continuar con las actuaciones correspondientes. Asimismo, se ha informado al Centro de Salud Pública de Elche debido al riesgo sanitario que implican estos alimentos al no haber pasado los controles exigidos por la ley.

La Guardia Civil advierte que este tipo de prácticas no solo representan un peligro para los consumidores, que podrían enfrentarse a intoxicaciones o enfermedades graves, sino que también dañan el medio ambiente. La pesca ilegal contribuye al agotamiento de los recursos marinos al no respetar los periodos de veda, los límites de captura o las tallas mínimas.

Multas de hasta 60.000 euros

El responsable del restaurante se enfrenta a un expediente sancionador por varias infracciones graves recogidas en la Ley 5/2017 de Pesca Marítima y Acuicultura, que contempla sanciones económicas de hasta 60.000 euros. Además, podría ser penalizado con hasta 4.000 euros por incumplir la Ley 14/1986 General de Sanidad.

Desde la Guardia Civil recuerdan la importancia de consumir productos pesqueros que cuenten con todas las garantías de calidad y procedencia. Instan a los establecimientos de restauración a ofrecer información clara y verificable sobre el origen de los alimentos que sirven.

Además, animan a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad detectada solicitando la hoja de reclamaciones del establecimiento, un mecanismo que protege la salud pública y los derechos de los ciudadanos.