En una sentencia notificada este lunes, los magistrados desestimaron el recurso interpuesto por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, que puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo.
En su fallo, el TSJCV concluye que los nuevos estudios son necesarios y no han causado perjuicios a la UMH ni en términos de matriculación ni de calidad docente. Según la sentencia, “el éxito de la convocatoria de plazas para el alumnado que se incorpora al nuevo grado de medicina implantado por la Universidad de Alicante, junto con los informes oficiales valorados por la Sala, nos cerciora de la necesidad de esos nuevos estudios”.
El tribunal también subraya que la elevada demanda del Grado de Medicina de la UA, que la convierte en la segunda titulación más solicitada en la Comunidad Valenciana, no ha afectado negativamente a la UMH. En concreto, señala que no se ha producido un descenso en la matriculación de estudiantes de medicina en la institución ilicitana durante el curso 2023-2024, disipando los temores planteados por la universidad recurrente.
Los magistrados han desestimado todos los motivos de impugnación presentados por la UMH, concluyendo que el decreto del Consell “se ha elaborado con todas las garantías legales” y está suficientemente motivado. En el expediente administrativo constan “todos los informes preceptivos y en sentido favorable, precisos para la aprobación de los estudios de grado”, incluidos los relativos a la suficiencia de recursos y la ausencia de incremento de gasto asociado a la nueva titulación.
Respecto a las dudas planteadas sobre los centros de prácticas médicas, la sentencia argumenta que las “ciertas objeciones” recogidas en un informe de 2019 no implican que esos inconvenientes persistan en el futuro. Además, señala que un informe posterior de 2022, emitido por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud, confirmó la existencia de suficientes convenios con hospitales y recursos para la formación práctica.
Finalmente, el TSJCV concluye que la Facultad de Medicina de la UA cumple con los requisitos necesarios en términos de calidad, profesorado, infraestructura, recursos económicos y convenios para prácticas médicas, respaldando la autorización de los estudios. Según la resolución, los recelos de algunos colectivos profesionales y estudiantiles no deben prevalecer sobre el interés general, que justifica la implantación del nuevo grado.






Daniel Ruiz Perona












