El gobierno municipal ha anunciado la incorporación de cláusulas específicas, mecanismos de control y garantías adicionales en el desarrollo del Plan Casa Fácil, cuya adjudicación provisional de los lotes 1 y 2 se llevará a cabo el próximo jueves en el Consejo de Administración de PIMESA.

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha informado de que esta adjudicación provisional supone, según ha indicado, el inicio del proceso para la construcción de 240 viviendas de protección pública en el municipio, con el objetivo de dar respuesta al déficit de vivienda existente. En este contexto, Ruz ha señalado que el ejecutivo local ha introducido estas medidas “desde el inicio del procedimiento” con la finalidad de evitar que accedan a vivienda pública personas que no cumplen los requisitos establecidos.

Según ha explicado el alcalde, no podrán acceder a estas viviendas quienes ya dispongan de una vivienda en propiedad, quienes no cumplan la normativa legal vigente, quienes incurran en fraude o aporten información falsa, así como concejales de la corporación municipal, asesores y altos cargos. Estas condiciones, según ha señalado, buscan reforzar la transparencia y la correcta adjudicación de los recursos públicos.

Ruz ha detallado que una parte de las viviendas será gestionada directamente por la empresa municipal PIMESA en régimen de alquiler, mientras que el resto será gestionado por la empresa adjudicataria, siempre bajo supervisión pública. En este último caso, ha indicado que la empresa adjudicataria no tomará decisiones de forma autónoma, ya que todas las solicitudes deberán ser comunicadas a PIMESA, que se encargará de revisar, verificar y validar el cumplimiento de los requisitos.

Además, PIMESA ha elaborado un documento específico sobre ausencia de incompatibilidades que, según ha explicado el alcalde, deberá ser firmado obligatoriamente por todas las personas interesadas en acceder a una vivienda del programa. Este documento, según Ruz, tiene como finalidad garantizar que no existan conflictos de intereses ni situaciones irregulares en el proceso de adjudicación.

El alcalde ha anunciado también la habilitación de un canal de denuncias para que cualquier persona pueda comunicar de forma segura y confidencial posibles irregularidades relacionadas con el procedimiento. Según ha manifestado, estas medidas no pretenden dificultar el acceso a la vivienda, sino proteger a quienes realmente la necesitan.

De acuerdo con lo expresado por Ruz, el Plan Casa Fácil se concibe como un programa de vivienda pública “con garantías”, orientado a asegurar un acceso equitativo y conforme a la normativa, evitando situaciones de abuso o privilegio en la adjudicación.