El Ayuntamiento de Elche ha propuesto modificar la ordenanza de la tasa de basuras a partir del 1 de enero de 2027 con un nuevo sistema de zonificación basado en los valores homogéneos definidos por la Dirección General del Catastro. La medida sustituirá la clasificación fiscal de las calles utilizada durante décadas y pretende ajustar el importe del recibo a las características de las viviendas y al coste del servicio.

El concejal de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha defendido que el nuevo modelo permitirá una distribución «más justa y redistributiva» de la tasa, al tener en cuenta el valor catastral por metro cuadrado. Según ha explicado, el cambio supondrá una reducción del recibo para la mayoría de los ilicitanos, tanto en viviendas como en actividades económicas.

La nueva ordenanza establece cuatro zonas residenciales. La zona 1, con valores catastrales inferiores a 500 euros por metro cuadrado, incluye barrios como Cementerio, Palmerales, San Antón y Patilla, con una cuota anual de 121,17 euros. La zona 2, con valores de entre 501 y 1.100 euros por metro cuadrado, engloba áreas como Carrús Este y Oeste, Porfirio Pascual, Raval, Altabix histórico, La Hoya, Torrellano, La Marina, El Altet y Valverde, entre otras, con un recibo de 135,12 euros.

La zona 3 comprende viviendas con valores de entre 1.101 y 1.600 euros por metro cuadrado, en barrios y áreas como Centro-San Juan, Toscar Nuevo, Ripoll, Filet de Fora, Altabix Nuevo, Travalón y el entorno de El Corte Inglés. En estos casos, la cuota será de 150,59 euros anuales. Por su parte, la zona 4, correspondiente a valores superiores a 1.600 euros por metro cuadrado e integrada por Arenales Oeste, Costa, Sur y San Bartolomé, tendrá una tasa de 124,75 euros. Las viviendas unifamiliares aisladas pagarán 152,66 euros, mientras que las viviendas en diseminados abonarán 111,14 euros.

El proyecto mantiene las principales bonificaciones para 2027. Las familias numerosas y los jubilados y pensionistas que cumplan los requisitos podrán beneficiarse de una reducción del 50 %, al igual que las personas en riesgo de exclusión social que acrediten su situación de vulnerabilidad mediante un certificado de Acción Social. También se conservarán las reducciones vinculadas al reciclaje: un 30 % por aportaciones mensuales a los puntos limpios y un 20 % por entregas trimestrales.

Además, se mantienen las bonificaciones de entre el 5 % y el 20 % por la entrega de residuos peligrosos, una reducción del 25 % para pequeñas actividades económicas de determinados sectores y otra del 40 % para iniciativas de reducción del desperdicio alimentario. La propuesta fija asimismo una tarifa de 177,61 euros para la gestión privada autorizada de residuos comerciales, el mismo importe previsto para los locales cerrados.

Según Soler, la modificación busca actualizar los criterios de gestión y adaptar el reparto de la tasa al coste del servicio de recogida y tratamiento de residuos. El proyecto cuenta con el dictamen favorable del Tribunal Económico-Administrativo municipal, emitido el pasado 13 de octubre. La propuesta deberá continuar su tramitación administrativa antes de su posible entrada en vigor el 1 de enero de 2027.