Maciá acusa al alcalde Pablo Ruz y a su equipo de ocultar esta realidad, alegando que no han sido transparentes con el incremento gradual de las tarifas que comenzará con una subida del 33% en 2025. “Están engañando deliberadamente a la ciudadanía”, aseguró la edil.
El informe indica que las tarifas actuales solo cubren el 43,08% de los costos del servicio, cifra que aumentaría al 56,77% en 2025. A pesar de esto, la tasa seguiría siendo deficitaria, incumpliendo tanto la normativa europea como la española, que exigen que este tipo de tasas sean específicas y no deficitarias para ese año. Maciá subraya que, para alcanzar una cobertura cercana al 100%, se necesitaría un incremento del 132,11% en las tarifas.
Las viviendas de primera y segunda categoría verán cómo sus facturas aumentan significativamente. Actualmente, estos hogares pagan entre 74 y 85 euros anuales, pero en cuatro años llegarán a pagar hasta 154,93 euros, lo que supone un incremento notable en el costo del servicio.
Bonificaciones insuficientes
En cuanto a las bonificaciones, Maciá critica la modificación de la tarifa reducida para jubilados y pensionistas. Según la concejala, la tarifa actual de 24,68 euros será sustituida por una reducción del 50% sobre las nuevas tarifas, lo que resultará en pagos más altos para estos colectivos vulnerables.
Críticas a la gestión económica municipal
La concejala también ha cuestionado la gestión económica del gobierno local, asegurando que se incumplirá la normativa en 2025 al mantener la tasa de basura en déficit. Además, Maciá ha lamentado la reducción de ingresos por la bajada del 2% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que supondrá una pérdida de 1.127.000 euros para las arcas municipales, sin un beneficio significativo para la ciudadanía. Propone que esos fondos se destinen a ayudas para el alquiler y el IBI, enfocadas en las personas más necesitadas.
Finalmente, Maciá expresó su preocupación por el creciente endeudamiento del municipio, acusando al alcalde de gastar los ahorros municipales en gastos innecesarios y aumentar los costes de contratos y servicios esenciales.