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Padres reclaman una regulación más estricta para los videojuegos: la UMH revela que el 90% exige una clasificación de riesgo obligatoria

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández destaca la preocupación de los padres por el impacto de los videojuegos en los menores, instando a incluir advertencias sobre compras internas y sistemas manipulativos en la clasificación de riesgo
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Daniel Ruiz Perona
30 de octubre de 2024 - 16:27

Un reciente estudio de la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC de la Universidad Miguel Hernández (UMH) en Elche ha puesto de relieve la creciente preocupación de los padres y madres en España respecto a la regulación de los videojuegos para menores. Según el estudio, realizado para conocer la opinión parental sobre las normativas actuales en España y otros países, una abrumadora mayoría de padres y madres, el 87,6% y el 93,2% respectivamente, está a favor de establecer una clasificación de riesgo obligatoria en todos los videojuegos, con etiquetas claras que adviertan sobre posibles contenidos perjudiciales y métodos de monetización que puedan influir en los menores.

La relevancia de los videojuegos en los hogares europeos ha crecido considerablemente, con millones de menores que acceden regularmente a estos contenidos. El estudio ESPAD, que analiza los hábitos de adolescentes en 37 países europeos, muestra que el 10% de los chicos invierte más de seis horas en videojuegos en días escolares, cifra que sube al 28% los fines de semana. La UMH alerta sobre los riesgos de este uso excesivo tanto en tiempo como en contenido, ya que puede derivar en problemas de salud mental, especialmente en casos donde el menor pierde control sobre el juego y desarrolla conductas abusivas.

Mayoría de padres exige transparencia en los sistemas de compras internas

Una de las demandas más destacadas de los progenitores encuestados es la inclusión de sistemas de monetización en la clasificación de riesgo. Aproximadamente el 90,2% de los padres y madres consideran que las etiquetas deberían detallar si el videojuego incluye compras internas, como cajas de botín o sorteos virtuales, prácticas que, según el estudio, pueden asemejarse a los juegos de azar y estimular conductas adictivas. Estas “cajas de botín” se han convertido en un punto de controversia, pues los padres perciben que los menores pueden verse manipulados para seguir gastando, sin una comprensión plena de las consecuencias.

Control del tiempo de juego: otra prioridad para los padres

Además de la clasificación de riesgo, el 80% de los padres y madres reclaman que los videojuegos incorporen por defecto un sistema de monitoreo que permita a las familias controlar el tiempo que sus hijos pasan frente a la pantalla. La mayoría de las madres encuestadas, en particular, se muestran favorables a una regulación más restrictiva que permita gestionar el tiempo de juego y proteja a los menores de posibles consecuencias negativas en su salud mental y bienestar emocional.

Necesidad de una clasificación de riesgo más detallada y con verificación de edad

En sus conclusiones, la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC de la UMH resalta que existe un fuerte consenso entre los padres y madres sobre la necesidad de contar con una clasificación de riesgo detallada que incluya alertas sobre prácticas de monetización y técnicas manipuladoras. El 88,5% de los encuestados está de acuerdo en que la venta de videojuegos a menores debería estar regulada conforme a su clasificación de riesgo, y solicitan que esta venta esté condicionada a una verificación de la edad del comprador.

Próximo webinar para debatir el impacto social de los videojuegos

Ante los resultados de este estudio y la preocupación manifiesta de los padres, la UMH ha organizado un webinar para el próximo 8 de noviembre, en el que se presentarán los hallazgos completos y se abrirá un debate sobre la responsabilidad de la sociedad frente al creciente reto que plantean los videojuegos y las redes sociales para los menores. Desde la Cátedra de Brecha Digital y Buen Uso de las TIC, esperan que estos datos fomenten una mayor conciencia y abran el diálogo para establecer marcos legales que se adapten a las realidades actuales del entorno digital en el que crecen las nuevas generaciones.