La reciente resolución judicial que exime a Francisco Camps de responsabilidad penal es un tema que ha generado un intenso debate en la sociedad y en el ámbito político. Es crucial entender que el hecho de no haber podido probar su responsabilidad penal no equivale a una declaración de inocencia en el sentido absoluto, ni mucho menos a una exoneración de cualquier tipo de responsabilidad, especialmente la política.

Francisco Camps, quien fuera el máximo responsable de la Generalitat Valenciana, ha sido protagonista de uno de los periodos más turbulentos en términos de corrupción en la Comunidad Valenciana. Durante su mandato, es innegable que la corrupción salpicó su gestión y dejó cicatrices profundas en la política valenciana y alteró el panorama electoral de una Comunitat tradicionalmente inclinada hacia el centro-derecha.

La absolución penal de Camps puede ser motivo de alivio para él a nivel personal y profesional, y desde mi perspectiva humana, es positivo que nadie tenga que enfrentar las dificultades y el desgaste que conlleva un proceso judicial. Le deseo éxito y tranquilidad en su vida civil post-juicio. Sin embargo, no debemos perder de vista que la responsabilidad política y de gestión es una dimensión separada y no menos importante.

Lo que resulta una verdadera vergüenza es la dilación y la duración excesiva de este procedimiento judicial. Por muchos motivos, esta prolongación ha sido perjudicial: primero, por lo que Francisco Camps ha tenido que sufrir durante mucho tiempo; segundo, porque cuando un proceso se alarga tanto, los testigos y los acusadores pierden las ganas de enfrentarse a problemas y complicaciones adicionales, y muchos terminan olvidando detalles o desarrollando una conveniente amnesia.

La absolución no borra todo. La corrupción que floreció bajo su liderazgo socavó la confianza pública en el PP y creó un caldo de cultivo que facilitó una grave crisis en el Partido Popular, llevando al Partido Socialista y a Compromís al poder.

Es sorprendente y quizás preocupante que Francisco Camps exprese su deseo de volver a la vida política, poniendo en una situación incómoda a su partido. El Partido Popular enfrenta un dilema, pues aunque la justicia lo haya exonerado penalmente, su imagen y su legado están inevitablemente ligados a una época oscura de la política valenciana.

Camps ha pagado un precio personal elevado por los procesos judiciales que ha enfrentado. Puede sentirse satisfecho con el resultado favorable en el ámbito jurídico, pero la satisfacción personal no debería cegar a los dirigentes políticos y a la ciudadanía respecto a las responsabilidades políticas que trascienden los tribunales. No debemos olvidar ni minimizar la gravedad de la corrupción. Es esencial mantener una distinción clara entre la responsabilidad penal y la política para evitar confusiones que puedan dañar aún más la credibilidad de nuestras instituciones democráticas.

Además, es imperativo que los procesos judiciales en nuestro país se realicen con mayor celeridad y eficiencia, para evitar que la dilación y el desgaste prolongado distorsionen la verdad y la justicia.