El Grupo Municipal VOX en el Ayuntamiento de Elche ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno en la que plantea el rechazo a la regularización extraordinaria de más de 500.000 inmigrantes anunciada por el Gobierno de España.

La iniciativa, presentada por el concejal Samuel Ruiz, cuestiona que la medida se articule mediante Real Decreto y considera que supone, según el grupo, “un premio al incumplimiento de la ley” y un riesgo para la sostenibilidad de los servicios públicos.

En el texto de la moción, VOX sostiene que el discurso que vincula inmigración y sostenibilidad del sistema de pensiones no se corresponde, a su juicio, con la realidad laboral. El grupo afirma que actualmente hay 3,9 millones de inmigrantes que no trabajan en España, lo que —según sus datos— representaría el 58% del total de extranjeros residentes. Asimismo, el concejal señala que uno de cada cuatro desempleados en el país es extranjero y cita informes internacionales, como los elaborados por el Ministerio de Finanzas de Dinamarca o la oficina de análisis económico CPB de Países Bajos, para sostener que la inmigración no occidental generaría un déficit fiscal.

VOX Elche también advierte en su moción de posibles efectos sociales y de seguridad derivados de la regularización. Según Ruiz, este tipo de medidas pueden generar un “efecto llamada” y provocar una mayor presión sobre los sistemas sanitario, educativo y de ayudas sociales, además de un aumento en la demanda de vivienda.

Entre los acuerdos que el grupo propone que el pleno adopte se encuentra el rechazo expreso a la regularización extraordinaria impulsada por el Consejo de Ministros, así como instar a la deportación de inmigrantes —legales o ilegales, según recoge el texto— que cometan delitos graves o reiterados y la repatriación de menores extranjeros no acompañados con sus padres a sus países de origen. También plantea solicitar una política migratoria que, a su juicio, priorice las necesidades del mercado laboral y la sostenibilidad del Estado de bienestar, además de suprimir ayudas y beneficios sociales a inmigrantes en situación irregular, salvo las de carácter humanitario hasta su devolución, y poner fin a lo que denominan “políticas de efecto llamada”.

El grupo municipal concluye que, con las actuales cifras de desempleo, no considera adecuado promover procesos de regularización masiva mientras, según señalan, existen personas en paro en la ciudad. La moción será debatida en el próximo pleno municipal.