Llueve y llueve sin cesar en la capital de España. No hay día de estas últimas tres semanas que no haya salido a la calle sin que, en algún momento, haya tenido que abrir el paraguas. El cielo de Madrid, ese que tanta gente aquí dice que es diferente, se ha vuelto más distinto que nunca. Parece como si estuviera llorando por la que está cayendo en su hermana Valencia. Y no me refiero sólo a la lluvia.
Me dicen aquí en Madrid que no entienden los líos que nos traemos con la lengua los valencianos que, a diferencia de nuestros vecinos del norte, nunca hemos tenido ningún problema con ser una tierra bilingüe, donde valenciano y español han convivido siempre en paz y armonía. “Tranquilos, no lo entendemos ni nosotros mismos”, respondo yo.
Para ir a la raíz del problema, hemos de remontarnos al año 2016. Hasta entonces, existían centros de educación en línea valenciana, otros en castellano y algunos en los que
convivían ambos modelos, en función de la demanda de cada zona, y los padres elegían libremente en qué centro y en qué idioma estudiaban sus hijos. Hasta que al señor Vicent Marzà (Compromís), a la sazón Conseller de Educación en el Govern del Botànic, se le metió entre ceja y ceja cargarse la libertad e imponer un modelo plurilingüe de forma obligatoria.
Fue entonces cuando se empezó a sembrar la semilla del odio y la discordia, cuando a valencianoparlantes y castellanoparlantes nos obligaron a enfrentarnos y a utilizar la lengua como arma arrojadiza, en lugar de, como hasta entonces, hacer bandera de la riqueza cultural que supone nuestro bilingüismo. Hasta que, en 2024, llegó Carlos Mazón para arreglar el asunto como tu cuñado llega a tu casa a arreglarte la junta de los rodapiés, y el Govern de PP y Vox aprobó la Ley 1/2024, de libertad educativa. Una chapuza (otra más de Mazón) que, lejos de solucionar el problema, lo ha enquistado aún más.
Hace dos semanas, en aplicación de dicha normativa, se produjo en todos los centros escolares un referéndum que permitía a los padres elegir la lengua vehicular en cada centro. Una consulta cuyos resultados se conocen una vez los alumnos ya se han matriculado en dicho centro, por lo que la libertad prometida es mentira. Lo que se impone aquí es la voluntad de la mayoría, en un idioma u otro, pero se priva a los padres de una libertad real de elegir el centro sabiendo previamente en qué idioma van a estudiar.
En el caso de Elche, el 40,25% de las familias ha elegido el valenciano, mientras que el otro 59,75 % ha optado por el español. El resultado de dicha división es que vamos a ver a niños que, siendo el deseo de sus padres estudiar una lengua, tendrán que hacerlo en la otra, y centros en los que siempre han convivido ambas líneas y que a partir de ahora se verán obligados a optar por una o por otra en función de los resultados de dicha consulta.
En definitiva, lo acontecido con la Ley de libertad educativa (sin olvidarnos de su primo el Decreto del plurilingüismo) es otra muestra más, otra de tantas, de lo que sucede cuando los políticos meten sus manos en la esfera personal de los ciudadanos y tratan de controlar las vidas de la gente. Que se cargan nuestra libertad y nuestra riqueza cultural. Que nos
enfrentan mientras ellos siguen viviendo de generar problemas en lugar de solucionarlos.
Haber nacido en una tierra como la Comunidad Valenciana siempre ha sido un orgullo para quienes hemos tenido la suerte de poder utilizar ambas lenguas con naturalidad y sin ningún tipo de conflictos. El bilingüismo es nuestra seña de identidad como pueblo y una muestra de nuestra inmensa riqueza cultural. La tiranía de la mayoría no puede suprimir la libertad que tenemos para seguir eligiendo en qué idioma vivir.
Continuemos sintiendo en dos lenguas, pero con un solo corazón.
