A principios de este mes de marzo se hizo público el informe de la Abogacía del Estado en el que se afirmaba que el Gobierno puede (y debe) elaborar los Presupuestos Generales del Estado, a pesar de que los objetivos de deuda y de déficit no fueran aprobados por el Congreso y el Senado. En concreto, las palabras del informe son: “La obligación del Gobierno de presentar a las Cortes un proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no puede ser obviada por las eventualidades que deriven de la aplicación de una norma de rango inferior”.

De hecho, es un mandato constitucional el de presentar la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero ya conocemos a este Gobierno y su respeto por la Constitución. Privan al Congreso y al Senado de sus funciones de debatir la Ley más importante de cada año, solo porque su “sanchidad” no quiere manifestar la debilidad de su Gobierno, una vez más.

¿O será que los acuerdos que están negociando en sus reuniones con los verificadores internacionales les puede perjudicar para las próximas citas electorales si se hacen públicos? ¿Es el referéndum en Cataluña uno de los puntos que negocian que no puede hacerse público antes de las elecciones? Negociar unos Presupuestos Generales del Estado podría poner sobre la mesa temas como este y, desde luego, no sería conveniente para ellos antes de las elecciones vascas (21 de abril), las elecciones catalanas (12 de mayo) y las elecciones europeas (9 de junio).

Mientras tanto, la provincia de Alicante seguirá siendo la provincia número 52 de 52 en los Presupuestos Generales del Estado, por tercer año consecutivo, porque este Gobierno solo atiende a las demandas de siete diputados, que fueron la quinta fuerza política en porcentaje de voto en las pasadas elecciones generales en su territorio.

Este Partido Socialista, al que nada le queda de Obrero y poco de Español, solo está al servicio de su amado líder. Ni rastro de la preocupación por sus territorios, sobretodo, en los cuatro  diputados de la provincia de Alicante. Les da igual que nuestra provincia sea la única que durante 3 años consecutivos haya sido la última en inversiones en los Presupuestos Generales del Estado. Lamentablemente, tampoco este año, los últimos no serán los primeros.