Estamos siendo testigos de uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de España, y lo peor es que el golpe nos ha alcanzado muy cerca. La semana pasada, las autoridades en Elche tomaron la valiente decisión de suspender las clases y las actividades deportivas ante el aviso de una DANA. La reacción popular fue, como suele suceder, una mezcla de escepticismo y crítica. Las redes sociales se inundaron de comentarios irónicos cuando, finalmente, la tormenta no causó grandes daños en la zona y las lluvias resultaron ligeras. Sin embargo, es importante reconocer que en Elche se actuó con sensatez y responsabilidad, tomando medidas impopulares pero necesarias para proteger a la población.
Lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana, en cambio, evidencia una fractura en la relación entre los ciudadanos y sus dirigentes. Los ciudadanos se sienten desamparados por una clase política que, a ojos de muchos, se mostró incapaz de coordinar una respuesta adecuada. Es cierto que la gestión de catástrofes naturales es un desafío titánico, y en ocasiones es más fácil criticar desde la comodidad del análisis retrospectivo. No obstante, la prevención y la preparación deben ser los pilares de cualquier plan de gestión de crisis, y en esta ocasión, el sistema falló de forma evidente.
La imagen de un presidente de la Generalitat abrumado y mal asesorado, junto a la inacción del gobierno estatal, no hace más que alimentar la percepción de una política que prefiere evitar asumir responsabilidades. La falta de despliegue inmediato del ejército y de las fuerzas de seguridad en la región afectada deja un sabor amargo en la población, que no comprende por qué las medidas de emergencia los dejaron desamparados. Sea por desorganización o por un cálculo político, la omisión fue evidente y lamentable.
En medio de esta desgracia, es imperativo hacer una pausa para reflexionar sobre las medidas preventivas que podrían haberse tomado. No basta con reaccionar después de que el daño esté hecho; es vital anticiparse. Las zonas inundables deben mantenerse limpias y despejadas de obstáculos que puedan agravar las inundaciones. Se necesitan sistemas automáticos de alerta y protocolos más efectivos que informen y protejan a la ciudadanía en tiempo real. Estas medidas son posibles y deberían ser una prioridad antes de que ocurra otra catástrofe.
Lo que no necesita España en este momento es caer en el fango político de culpas cruzadas y oportunismos partidistas. El enfoque debe ser otro: aprender de los errores, actuar con rapidez y, sobre todo, velar por el bienestar de los ciudadanos. Porque, al final, el verdadero fango está en las calles y en las casas de los valencianos que ahora se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir sus vidas.
Es momento de que todos, incluidos los ciudadanos, seamos más exigentes con nuestros líderes y con los técnicos encargados de gestionar estas situaciones. La política no puede seguir siendo un juego de relevos en el que se pasa la responsabilidad de unos a otros. Esta tragedia debe servir como un recordatorio de que la vida de las personas está por encima de cualquier consideración política. Que esta vez, tanto dolor nos sirva para exigir a todos, independientemente de la camiseta que lleven. Porque se ha demostrado que, juntos, somos más fuertes.
