Según ha explicado la concejala socialista Patricia Maciá en rueda de prensa, estas facturas se acumularon entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, con más de 20 expedientes aprobados por la Junta de Gobierno del PP y VOX, a pesar de los informes técnicos que señalan irregularidades.

Maciá criticó duramente al alcalde Ruz, recordando que en 2021, siendo líder de la oposición, denunció al gobierno del PSOE y Compromís por casos similares, acusándolos de prevaricación y fraude. “Es indignante que Ruz, quien nos denunció por 1,5 millones de euros en facturas con reparos, ahora haya aprobado más del doble sin pestañear. ¿Quién prevarica ahora?”, declaró Maciá.

Entre las facturas, el PSOE destaca casos donde se han fraccionado contratos para eludir los límites establecidos por la ley, así como facturas vinculadas a contratos ya vencidos. Maciá también subrayó que varias de estas facturas, como las correspondientes a la compra de plantas y flores, podrían constituir nuevas irregularidades, pues se realizaron antes de que se adjudicara el contrato para su suministro.

Advertencia sobre posibles recortes

El PSOE también ha señalado que la gestión presupuestaria del actual gobierno podría llevar a recortes. Maciá indicó que el equipo de gobierno ha provocado una inestabilidad presupuestaria de 13,6 millones de euros, lo que, según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, podría obligar al Ayuntamiento a elaborar un Plan Económico-Financiero para corregir el desequilibrio.

“Han gastado 25,4 millones de euros de un remanente de 27,5 millones, y aún queda tiempo para que terminen de gastarlo todo”, advirtió Maciá, expresando su preocupación por el impacto que esto podría tener en las partidas presupuestarias de este año.

Modificación de ordenanzas fiscales

Por otro lado, el PSOE denunció que en la Junta de Gobierno del 29 de agosto se aprobaron modificaciones en varias tasas e impuestos sin que el equipo de gobierno lo informara a la ciudadanía. Entre ellas, destaca la reducción en la recaudación del impuesto de Plusvalía, lo que supondrá una pérdida de 200.000 euros para el Ayuntamiento, mientras que se introduce una nueva tarifa para la expedición de informes policiales no relacionados con accidentes viales, lo que incrementará los ingresos en 20.000 euros.

Para Maciá, estas modificaciones son una muestra más de la falta de transparencia del equipo de gobierno. “Rebajan el impuesto de la Plusvalía, pero suben las tasas que afectan directamente al ciudadano, como los casi 24 euros que se cobrarán por un informe policial en casos que no sean accidentes