La Policía Local de Elche ha logrado identificar a los responsables de los continuos vertidos ilegales de retales de piel en el Polígono Industrial de Carrús, tras una investigación iniciada a raíz de las denuncias presentadas por la empresa adjudicataria del servicio municipal de recogida de residuos. Durante meses, los operarios detectaron una media de más de 1.000 kilogramos semanales de estos restos depositados en contenedores destinados a la basura ordinaria. Además de incumplir la normativa ambiental, esta práctica ocasionaba serios problemas técnicos, ya que el peso y la compactación de la piel dañaban el mecanismo hidráulico de los camiones de recogida, dificultando la elevación y prensado de los residuos. Como consecuencia, los operarios debían retirar los restos de forma manual, lo que generaba retrasos en el servicio y aumentaba los riesgos laborales.

Ante la persistencia del problema, la empresa de limpieza alertó a la Policía Local, que organizó un dispositivo especial para localizar a los infractores. Tras varias jornadas de vigilancia y con la colaboración de los trabajadores de recogida, los agentes lograron sorprender a tres personas en el momento en que descargaban una gran cantidad de retales de piel en un contenedor de basura ordinaria. Durante la inspección del vehículo que utilizaban, encontraron unos 300 kilogramos adicionales de residuos con las mismas características que los detectados en semanas anteriores.

Los identificados, empleados de una empresa de calzado con sede fuera de Elche, admitieron que llevaban meses arrojando los restos en distintos puntos del polígono. Según su testimonio, su jefe les ordenaba deshacerse de los residuos de esta manera para evitar el coste de un gestor autorizado, incumpliendo así la normativa sobre tratamiento de residuos industriales.

Tras la intervención policial, se ha remitido un informe al órgano competente para la instrucción del correspondiente expediente sancionador, en aplicación de la Ley 10/2000 de residuos de la Comunidad Valenciana. Según esta normativa, los infractores podrían enfrentarse a sanciones económicas que oscilan entre los 600 y los 300.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción y del daño ambiental causado.