Compromís ha registrado alegaciones en 11 municipios de la costa alicantina en contra del anteproyecto de ley de Protección y Ordenación del Litoral presentado por el Consell del PP y Vox, argumentando que dicha normativa desprotege el litoral y facilita la especulación urbanística.

Paula Espinosa, diputada de Compromís en las Corts, criticó que el anteproyecto permita desarrollos hoteleros a 200 metros del mar en zonas actualmente protegidas. Espinosa señaló que el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) ya protege 7.500 hectáreas y ha sido validado jurídicamente, incluso por el Tribunal Supremo, destacando que el nuevo proyecto del gobierno no busca la seguridad jurídica, sino que abre la puerta a la construcción en espacios naturales.

Ximo Perles, portavoz en la Diputació de Alacant y el Ayuntamiento de Calp, subrayó la inseguridad que generará esta ley en los municipios, tildándola de arbitraria y acusando al PP y Vox de promover un modelo de explotación del litoral que no aborda los problemas de vivienda. Por su parte, Gerard Fullana, diputado de Compromís, advirtió que el gobierno ha acelerado proyectos de construcción en espacios naturales, lo que supone un riesgo para la agricultura y la seguridad hídrica de Alicante.

Compromís ha fundamentado sus alegaciones en la falta de concreción y definición del texto, asegurando que la norma actual, PATIVEL, ya ofrece un marco de protección adecuado y conciliador con la actividad económica del litoral. También denuncian que el anteproyecto es una copia literal de la normativa gallega, sin considerar las diferencias entre los litorales valenciano y gallego.

Además, Compromís acusa al gobierno de Mazón de ignorar la adaptación al cambio climático, en un momento de emergencia climática donde el litoral es especialmente vulnerable. La nueva normativa permitiría desarrollos residenciales y hoteleros en zonas actualmente protegidas, contraviniendo el principio de no regresión ambiental y retrocediendo en los niveles de protección del litoral.

Espinosa concluyó que la ley propuesta no protege las costas ni busca detener su degradación, sino que deshace los esfuerzos del gobierno anterior para mitigar los efectos del cambio climático, favoreciendo la actividad económica sobre la protección medioambiental.