El Ayuntamiento de Elche ha dado un paso significativo hacia la regulación de las instalaciones de energía fotovoltaica con la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El vicealcalde y edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha presidido este miércoles la reunión de la Mesa de Trabajo sobre la regulación de energías renovables en el medio rural, donde se presentó el documento que inicia esta importante modificación.
Soler ha resaltado el compromiso del gobierno municipal, señalando que “ha cumplido con el compromiso de establecer en menos de un año una normativa que regule la implantación de este tipo de instalaciones y ahora los próximos trámites ya no dependen del Ayuntamiento de Elche”. La modificación afecta a diez artículos del PGOU e introduce dos nuevos, específicamente relacionados con la regulación del suelo no urbanizable.
La normativa establece que la instalación de fotovoltaicas está prohibida en suelo no urbanizable protegido y en ciertas zonas de suelo no urbanizable común, como huertos dispersos de palmeras, saladares y carrizales, debido a sus características medioambientales o su función de protección. Tampoco se permitirán en áreas incluidas en la propuesta de infraestructura verde definida en la TRLOTUP, como parques naturales, terrenos forestales, vías pecuarias, montes de utilidad pública y zonas de servidumbre de carreteras.
Las instalaciones en suelo no urbanizable común estarán permitidas bajo ciertas condiciones. Se establece que los paneles solares podrán ocupar un máximo del 50% de la superficie de la parcela y deberán mantener una distancia mínima de 100 metros de viviendas, parcelas residenciales, parcelas de equipamiento público y aquellas dedicadas a actividades terciarias de interés turístico rural. Asimismo, se especifica una distancia mínima de 100 metros del cauce del río Vinalopó y 50 metros de los barrancos, así como 500 metros de los Bienes de Interés Cultural o Bienes de Relevancia Local. Además, se han introducido medidas medioambientales para proteger la vegetación y la fauna.
Soler también aclaró que esta modificación no afectará a las instalaciones de autoconsumo ni a las plantas fotovoltaicas que solicitaron licencia antes de la suspensión.
La Mesa de Trabajo estuvo conformada por los grupos políticos del PSOE y Compromís, la Asociación Provincial de Empresarios de Montajes Eléctricos y Telecomunicaciones de Alicante (APEME), la Asociación de Empresas de Energías Renovables y otras tecnologías limpias de la Comunidad Valenciana (AVAESEN), además de Cedelco, ADR y la Asociación de Vecinos de Santa Ana.