La conocida como Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías sigue siendo motivo de polémica entre los principales partidos políticos del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche. El Defensor del Pueblo ha emitido una segunda resolución sobre la queja enviada por el Grupo Municipal Socialista de Elche, referida a la modificación del contrato de reforma del Paseo de Germanías para mantener el monumento franquista; en donde ha reiterado su posición y la exigencia de su retirada del espacio público. El Alto Comisionado de las Cortes Generales ha contestado al informe emitido por el Excelentísimo Ayuntamiento de Elche, el pasado 16 de enero, en el que se explica que hay dos informes municipales que avalan el mantenimiento de la Cruz de los Caídos y que la sugerencia en relación con el proyecto “no es posible aceptarla en cuanto a la retirada de la cruz”.
El Defensor del Pueblo hace en su informe diversas consideraciones al Equipo de Gobierno y destaca que “los informes municipales de los que el señor Ruz habla, el patrimonial y el jurídico, fueron emitidos tras la adopción del acuerdo de modificación del contrato, es decir, a posteriori, con el fin de evitar el traslado del monumento a los caídos” señalando que “esos informes vienen a dar soporte a una decisión que ya se había adoptado de antemano en Junta de Gobierno”. Además, también recoge si este Equipo de Gobierno consideraba que había un cambio de criterio, “tendría que haber remitido a la comisión autonómica correspondiente su parecer, antes de modificar el contrato de remodelación de la plaza, con el fin de cambiar el listado. Cosa que no hizo”.
El informe explica que “los propios elementos arquitectónicos pueden tener significado por sí mismos, sin necesidad de evidenciarlo con una placa, máxime, cuando desde su construcción no se ha consolidado en la población un significado distinto al que tiene desde el año 1944” y asume que “la Cruz de los Caídos es el máximo exponente de la Guerra Civil y la Dictadura como homenaje a las víctimas del bando nacional y que no está recogido en el catálogo del Plan Especial de Conjuntos y Bienes de la Ciudad de Elche, por lo que a efectos urbanísticos y patrimoniales no se contempla un régimen de protección”.
Por último, el Defensor del Pueblo deja claro que, el hecho de que durante la etapa democrática ningún alcalde haya retirado el monumento “carece de relevancia” ya que la había obligación de ello hasta la entrada en vigor de la ley 52/2007, que luego pasó a ser la ley 20/2022. Y que, con demora, se lo planteó el anterior Equipo de Gobierno. Bajo estas premisas, el Defensor del Pueblo indica que no acepta la sugerencia del Ayuntamiento y que incluirá este asunto en el informe anual a las Cortes Generales, dando por finalizadas las actuaciones”.
Respuesta de la Comisión Europea
Por otra parte, el Grupo Municipal Socialista ha recibido también respuesta de la Comisión Europea al hecho de considerar lícito mantener monumentos de apología a un régimen totalitario cuando se financia con fondos europeos la restauración de la plaza. “Las operaciones apoyadas por los Fondos cumplirán el Derecho de la UE y el derecho nacional que les sean de aplicación. De no ser así, el importe de la contribución de la UE ya abonada al beneficiario se reembolsará al programa de financiación correspondiente”. La respuesta también indica que las políticas de memoria histórica son competencia plena de los Estados miembros, que tiene su propio enfoque.