Ayer jueves, Elche se sumó a las movilizaciones en el ámbito educativo de la Comunitat Valenciana, con concentraciones secundadas por centenares de personas.

La concentración tuvo lugar en la Plaça de Baix y fue organizada por la Plataforma per l’Ensenyament Públic, que se unió a la huelga general en el sector educativo convocada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora Obrera Sindical.

Las entidades movilizadas presentaron un decálogo de reclamaciones, que incluye el fin de los recortes en la enseñanza pública, los cuales, según afirman, han sido implementados por el gobierno autonómico desde la llegada del PP y Vox. Además, exigieron un incremento en la inversión en educación pública y rechazaron la implementación del distrito único.

Durante la jornada de huelga, los sindicatos pidieron mejoras en las condiciones laborales del profesorado, tales como aumentos salariales, reducción de horas lectivas para docentes mayores de 55 años, eliminación de la burocracia y aumento de las plantillas.

La Plataforma per l’Ensenyament Públic criticó lo que considera un retorno a los años más oscuros de los gobiernos del PP, acusándolos de desmantelar la educación pública, favorecer la educación concertada y relegar el valenciano hasta su posible extinción. La concentración en Elche contó con cerca de 400 asistentes de diversos ámbitos, incluyendo la asamblea de docentes, colectivos en defensa del valenciano como El Tempir, y representantes de plataformas educativas y partidos políticos. Cabe destacar la nutrida presencia de representantes políticos tanto de Compromís como del PSOE, quienes mostraron su apoyo a las reivindicaciones.

Uno de los principales puntos de la convocatoria fue la defensa del uso del valenciano en las aulas. La Plataforma argumenta que las políticas lingüísticas del PP y Vox profundizan el bilingüismo asimétrico y dificultan el acceso al aprendizaje en valenciano. Además, la propuesta de eliminar las zonas escolares y establecer un distrito único busca, según sus partidarios, garantizar la igualdad de oportunidades para todas las familias, independientemente de su ubicación.

La Plataforma también se opone firmemente a la llamada “ley de concordia” promovida por el gobierno autonómico, argumentando que esta legislación desregula aspectos cruciales definidos en la Ley de Memoria Democrática y borra el franquismo de la historia.