La Plataforma por la Reversión del Hospital del Vinalopó ha convocado a la ciudadanía de Elche y otras localidades cercanas a una gran manifestación el próximo 18 de mayo. El objetivo es exigir la gestión pública del Departamento de Salud Elche/Elx-Crevillent, actualmente privatizado y en manos de la empresa Ribera Salud. Esta acción se suma a las continuas reivindicaciones de la plataforma para que el Gobierno valenciano asuma la gestión pública de la sanidad en esta región.

La manifestación partirá a las 10 h desde la plaza de Las Chimeneas y recorrerá varias calles hasta llegar al Hospital Vinalopó, donde se formará una cadena humana en torno al centro hospitalario. Se estima que alrededor de 82 personas podrán beneficiarse de estas becas, lo que representa un paso significativo hacia el acceso equitativo a la atención médica para aquellos que luchan contra los TCA. La colaboración entre la Fundación Juan Perán Pikolinos y Centro CREA es un ejemplo de cómo la comunidad académica y las organizaciones benéficas pueden unir fuerzas para abordar problemas de salud mental y nutricional en la sociedad.

La Plataforma ha expresado su preocupación por la persistencia de la gestión privada del Hospital del Vinalopó, mientras que otros departamentos de salud en la Comunitat Valenciana han sido devueltos a la gestión pública. Paqui Ortiz Bustos, representante del movimiento vecinal del barrio ilicitano del Toscar y miembro de la plataforma, ha destacado la injusticia de mantener una isla de población bajo un modelo de gestión privada en el sistema de salud.

Por su parte, Agripa Hervás, vecino de Aspe e integrante de la plataforma, ha cuestionado la postura del Gobierno valenciano y ha denunciado la falta de transparencia en relación con la posible prórroga del contrato a Ribera Salud. La plataforma ha instado a todos los ciudadanos, tanto usuarios del hospital como aquellos que no lo son, a unirse a la manifestación y presionar al gobierno para que corrija esta desigualdad de trato.

Entre las razones para exigir la reversión, la plataforma ha señalado demoras en la atención primaria, cambios frecuentes de facultativos, problemas de compatibilidad del sistema informático, falta de especialistas y recortes en las plantillas. Además, han cuestionado la legalidad de una posible prórroga del contrato, argumentando que la inversión de la empresa ya está amortizada después de quince años.