Una ciudad puede tener certificados de sostenibilidad, cumplir objetivos ambientales y acumular buenos indicadores, pero ¿eso significa que sus vecinos viven mejor? Esta es una de las preguntas que plantea la tesis doctoral del profesor de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM), Pablo Pulgar Rubilar, defendida en la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH). Su investigación busca reducir la distancia entre lo que las administraciones planifican y lo que realmente sucede en las ciudades.

El trabajo, titulado Modelo metodológico integrado para la evaluación y gobernanza de la sostenibilidad territorial: desarrollo y validación mediante un estudio de caso en Chile, propone una nueva forma de evaluar la sostenibilidad urbana. La tesis ha sido dirigida por el catedrático de Ciencias Ambientales de la UMH Manuel Jordán Vidal y el profesor de la UTEM David Blanco Fernández, dentro del Programa de Doctorado en Medio Ambiente y Sostenibilidad.

El problema, según el estudio, no es la falta de información, sino que muchas herramientas funcionan por separado. Las certificaciones de barrios sostenibles, los indicadores internacionales como la norma ISO 37120, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y los informes municipales de la Agenda 2030 no siempre están conectados. El resultado es que una ciudad puede medir muchos aspectos de su sostenibilidad sin que esos datos lleguen a convertirse en decisiones concretas.

Para cambiar esta situación, Pulgar Rubilar ha diseñado un modelo que une tres elementos: evaluación técnica, gestión municipal y participación ciudadana. Su herramienta principal es una Matriz Maestra de interoperabilidad, capaz de relacionar diferentes indicadores. Por ejemplo, permite conectar el consumo de agua o el uso del transporte público de un barrio con los objetivos ambientales del municipio y los compromisos internacionales.

La propuesta se ha probado en la Región Metropolitana de Santiago de Chile. En una primera fase se analizaron distintos municipios mediante el Sistema de Certificación de Gestión Local Sostenible (GLS), desarrollado para la Agencia de Sostenibilidad Energética de Chile. La comparación permitió detectar diferencias entre localidades en recursos, capacidad de gestión y disponibilidad de datos.

Pero la investigación también quiso comprobar algo que los números no siempre reflejan: qué necesitan realmente las personas. Para ello, en una segunda fase se trabajó con comités vecinales y actores comunitarios. Los resultados mostraron que las prioridades de los vecinos pueden ser diferentes de las que señalan los indicadores técnicos, lo que pone sobre la mesa la importancia de contar con la ciudadanía antes de decidir cómo transformar un barrio.

La metodología está pensada para poder aplicarse en otras ciudades, especialmente en países del Sur Global, donde los ayuntamientos cuentan con recursos y capacidades muy desiguales. Su aplicación permitiría comparar políticas, detectar necesidades y mejorar la planificación sin perder de vista las particularidades de cada territorio.

La principal conclusión de la tesis es que una ciudad sostenible no se construye únicamente con estadísticas, certificaciones o grandes objetivos internacionales. También necesita que las administraciones sepan utilizar la información y que los ciudadanos tengan voz en las decisiones que afectan a su entorno. Una forma de acercar la sostenibilidad del papel a las calles y los barrios donde se desarrolla la vida cotidiana.