El rechazo frontal a las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura propuestas por el Gobierno central continúa creciendo en Elche, en la provincia de Alicante y en toda la Comunitat Valenciana. A la oposición ya mostrada por el sector agrario del Camp d’Elx se ha sumado este viernes la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunitat Valenciana (Fecoreva), que ha advertido de que los cambios planteados por el Ministerio para la Transición Ecológica supondrían una reducción del 50% en el volumen de agua destinada al regadío en el sureste peninsular.

Desde Fecoreva alertan de que esta disminución de recursos hídricos tendría consecuencias devastadoras para el tejido agrícola y económico del Levante, provocando la pérdida de miles de empleos en las provincias de Alicante, Murcia y Almería. La organización insiste en que el nuevo planteamiento del Ministerio pondría en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones agrícolas, especialmente en zonas como el Camp d’Elx, donde el agua del trasvase es vital para el cultivo de productos hortofrutícolas y para el mantenimiento del paisaje agrario tradicional.

La oposición no se limita al ámbito agrícola. El pleno del Ayuntamiento de Elche celebrado esta misma semana acordó, con el apoyo unánime de todos los grupos políticos (PP, PSOE, Vox y Compromís per Elx), exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que no apruebe las nuevas reglas de explotación. La postura institucional de Elche refleja una unidad política poco frecuente y pone de manifiesto la preocupación generalizada por el futuro del trasvase.

En la misma línea se ha expresado el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha calificado las nuevas reglas como “uno de los mayores ataques contra la Comunitat Valenciana, Murcia y Almería”. Mazón ha instado a los diputados valencianos en el Congreso, especialmente a los del PSOE y otras formaciones de izquierda, a no respaldar una medida que considera perjudicial para los intereses del territorio.

Desde Elche y el conjunto del sureste español se subraya que el trasvase no es solo una infraestructura hidráulica, sino una pieza clave para la economía, el empleo y la sostenibilidad de la agricultura. Por ello, el rechazo a las nuevas condiciones de explotación se mantiene firme y creciente, a la espera de que el Ministerio reconsidere su postura y abra un diálogo real con las comunidades afectadas.